Category : Sociedad

La empresa del parking norte incumplió varias mejoras con conocimiento de ZEC.

Ferias Lanzuela, que opta al nuevo concurso, dejó sin repartir 72.000 entradas a personas sin recursos. Cultura advirtió de irregularidades cada año a ZEC pero el Gobierno considera que no se encuentra inhabilitado para volver a presentarse.

El área de Cultura informó -cada año- al Gobierno de ZEC de los incumplimientos constantes de la empresa Ferias Lanzuela durante las Fiestas del Pilar. Al parecer estos incumplimientos se produjeron desde el 2014 (y durante el 2015, 2016 y 2017). Uno de estos incumplimientos era el de repartir unas 2.000 entradas gratuitas a colectivos en riesgo de exclusión social, algo que la empresa reconoció que no hizo.

El gobierno de ZEC fue conocedor en todo momento de esta situación, no solo porque el representante del Ayuntamiento que defendió los intereses municipales en el proceso escuchó la declaración del representante de la empresa, sino porque los técnicos de Zaragoza Cultural advirtieron de ello en la revisión del contrato que se hizo en cada una de las cuatro Fiestas del Pilar que estuvo en vigor.

Un incumplimiento constante.

Además de incumplir la entrega de invitaciones a colectivos sin recursos, los informes del Consistorio revelan otras anomalías. En el apartado medioambiental, por ejemplo, se pone de manifiesto que no se han ejecutado mejoras previstas como el uso de vasos reutilizables en el recinto. Tampoco se satisface la promesa de instalar cajeros automáticos ni puntos de recarga para teléfonos móviles, ni la de habilitar baños conectados a la red de saneamiento.

La moraleja es clara “incumple que ganarás”. ZEC transmite la sensación de que incumplir es algo que sale barato y rentable. Ningún ayuntamiento puede permitirse el lujo de que ninguna empresa o contrata “le toree”. El Ayuntamiento representa los intereses de casi 700.000 personas y debe velar por el correcto cumplimiento de los contratos y las obligaciones.

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Juana Rivas condenada a 5 años de cárcel: poco que agradecer al ultra-feminismo.

Juana Rivas ha sido condenada a 5 años de cárcel (dos años y medio por la sustracción de cada uno de sus dos hijos) y a seis meses de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre ellos. La sentencia considera probado que Rivas cometió dos delitos de sustracción de menores y no ha tenido en cuenta la sentencia (ni como atenuante ni agravante) la denuncia por violencia de género que presentó dos años después.

El caso se remonta a mayo de 2016 cuando Rivas viajó a España con sus hijos y nunca volvió a Italia, donde la familia convivía. Al no volver, el padre de los niños denunció los hechos y una juez ordenó la entrega al padre para que volvieran a su domicilio en Italia. En julio de 2017 Rivas (para no entregar a los niños) desapareció un mes y antes de escapar presentó una denuncia por malos tratos contra el padre que dice se remonta a 2009 (qué casualidad).

El juez explica en los hechos probados de la sentencia que “salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, no se ha acreditado ningún otro posterior, ni en G., el mayor de los hijos, se han detectado desajustes sicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre, ni se ha apreciado que la restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o síquica”.

El abogado de Rivas reconoce que su cliente ha estado mal aconsejada por sectores feministas como por ejemplo por su asesora y psicóloga perteneciente a la Casa Municipal de la Mujer en Maracena. Recordemos que en mayo de 2016 una resolución judicial italiana obligaba a Rivas a entregar los hijos a su padre en Italia, su lugar de convivencia y domicilio. Rivas desoyó la resolución dictada por una Juez competente y prolongó una situación que sólo le perjudicaba a ella y a sus hijos y posteriormente puso una denuncia contra el padre (mal aconsejada por los sectores radicales feministas).

Rivas afirmaba que escapó para “evitar el maltrato” y quería “proteger a sus hijos“. Sin embargo no consta ninguna denuncia en Italia, ni ninguna reclamación a servicios sociales ni nada similar. Lo que sí existe es una denuncia de Rivas contra el padre de sus hijos años después de haberse producido un supuesto maltrato.

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