Contratas

Ambuibérica le mote un gol al Gobierno de Aragón.

El Tribunal Supremo ha absuelto a los dos trabajadores de la empresa Ambuibérica que fueron condenados por insertar masivamente datos falsos sobre servicios prestados al Servicio Aragonés de Salud (Salud) para incrementar de forma ilícita en 178.000 euros el beneficio de la empresa. El tribunal de la Sección Sexta impuso penas de un año y medio de cárcel y multas de 1.800 euros a David Llanos e Irene Lázaro como responsables de un delito de estafa agravada, condena que ahora ha sido anulada.

El alto tribunal no valora si cometieron o no el delito, pues ese no era el objeto del recurso, sino si la Asociación de Ambulancias del País Vasco, que ejerció la acción popular, estaba legitimada para acusar una vez que tanto la Fiscalía y el Gobierno de Aragón como perjudicado se habían retirado del procedimiento.

A estas altura del procedimiento tanto Fiscalía como Gobierno de Aragón dejaron sola como acusación particular a la Asociación de Ambulancias del País Vasco.

Tanto la Fiscalía como el Gobierno de Aragón se retiraron de la acusación particular.

Por lo que el TS entiende que que la Asociación de Ambulancias del País Vasco no estaba legitimada para acusar a los dos trabajadores dado que el Gobierno de Aragón se había retirado como perjudicado del procedimiento. El caso de Ambuibérica comenzó a instruirse en mayo de 2014 a raíz de unas diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía. En julio de 2014 se personó como acusación el Gobierno de Aragón, no obstante un año más tarde presentó un escrito apartándose del procedimiento penal.

En sus conclusiones,la empresa vasca calificó los hechos como estafa y falsedad documental, tras descubrirse que los acusados, con la excusa de que un fallo informático había borrado los servicios prestados al Salud, habían introducido masivamente a mano datos falsos para cobrar trabajos inexistentes. Algunos servicios hacían referencia a traslados hechos cuatro años después de la muerte del paciente, o eran de fechas anteriores a la contratación y había viajes repetidos. En total, un sobreprecio de 178.176 euros, que Ambuibérica se prestó a devolver a la DGA argumentando que no hubo mala fe sino que todo se debía a los fallos informáticos.

Una vez apartado de la causa el letrado de la Comunidad Autónoma, la Fiscalía también decidió no acusar y pidió la absolución de los implicados.

La Fiscalía pidió la absolución de los implicados.

Es decir, quienes deben proteger los intereses de la administración solicitaron la absolución de los implicados. Donde se quedó patente y demostrado que tanto David Llanos e Irene Lázaro habían metido mano a mano en el sistema informático datos de prestación de servicios que no se habían producido, creando un sobreprecio de 178.176 euros a la Administración.

Al final, el juicio se celebró y el tribunal condenó a los dos mencionados y aunque reconocía que tenía «sospechas vehementes» de la participación en los hechos del consejero delegado de Ambuibérica, Carlos Magdaleno Fernández, lo absolvía, al igual que al director del grupo, Jorge Pastor, sentencia ahora anulada.

En resumen, dos trabajadores de la empresa con posible conocimiento del delegado de Ambuibérica falsearon datos (hecho probado) para incrementar en 178.000 euros el coste del servicio al Gobierno de Aragón, quien una vez iniciado el procedimiento decide apartarse del mismo.

Un Gobierno de Aragón medianamente transparente y coherente, se hubiera personado en la acusación hasta el final y hubiera logrado que estas dos personas hubieran sido despedidas y hubieran cargado con el peso de la Ley. A estas alturas nos preguntamos ¿Qué negoció el Gobierno de Aragón con Ambuibérica?

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